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| Omar Álvarez. |
Cuyo Televisión SA
hizo una
presentación por
interferencias en su
señal. El expediente
está en manos del
Juzgado Federal 3.
Los antecedentes
del polémico
hombre de
negocios.
Por: EL SOL
La denuncia fue contra Omar Álvarez en su carácter de responsable de Medios Andinos SA. El expediente donde quedó asentada la denuncia es el 15.303-D y está caratulado "Averiguación infracción al artículo 194 del Código Penal", referido al funcionamiento de los servicios públicos de comunicación. La presentación está radicada en el Juzgado Federal Nº3, Secretaría D, a cargo de Claudia Nofal.
Asimismo, un día antes, el miércoles 21 de setiembre, Canal 9 Televida radicó otra denuncia, esta vez ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, por graves daños y perjuicios por interferencia del Canal 10 en la señal de Canal 9 Televida.
LA DENUNCIA. Entre los detalles de los hechos que forman parte de la denuncia penal contra Álvarez, los abogados de Canal 9 Televida afirman, con respecto a la interferencia, que "la circunstancia aludida no hace más que confirmar las amenazas que a principios de este año realizara el señor Álvarez respecto de su interés de interferir la señal emitida por Canal 9, hecho que fuera oportunamente denunciado y que dio origen a los autos Nº16.819-C, remitiéndose en honor a la brevedad a lo expresado en la pertinente denuncia y constitución de parte querellante".
El texto continúa afirmando: "Asimismo, inmediatamente luego de confirmar técnicamente la interferencia y su responsable, se presentó la pertinente denuncia administrativa ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)".
La presentación de Canal 9 Televida encuadra la denuncia en lo contemplado en el artículo 194 del Código Penal, donde se castiga al que "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".
Asimismo, el escrito remarca que "lo que la norma pretende tutelar es el normal funcionamiento de los servicios públicos de comunicación, es decir, que benefician a un número indeterminado de personas o cosas, sea que aquel pertenezca al Estado, que se explote una concesión o que sea propiedad de particulares".
ANTECEDENTE PREOCUPANTE. A principios de marzo de este año, la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor de la Provincia ordenó a CTC SA, empresa de televisión por cable de Omar Álvarez, restituir la señal de Canal 9 Televida que había eliminado de la grilla en las áreas donde presta el servicio (el Valle de Uco y Malargüe). El 2 de febrero, y de manera sorpresiva, CTC SA eliminó de la grilla de emisoras el canal mendocino.
La decisión afectó a miles de usuarios, sus propios clientes, del Valle de Uco y de Malargüe, provocando airadas quejas de los televidentes y exponiéndose a una severa sanción por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA). A raíz de las quejas, la asociación civil de defensa del consumidor Protectora denunció el hecho ante al Dirección de Fiscalización, que, finalmente, resolvió hacer lugar al reclamo y ordenó a CTC restituir el servicio "en las zonas en las que se ha dejado de trasmitir el mismo (Valle de Uco y Malargüe)", según reza la resolución que firmó su titular, Carmen Caballero.
Uno de los argumentos que tomó en cuenta la repartición de Caballero fue el hecho de que, con la extraña decisión tomada por CTC sobre la señal de Canal 9, un canal de aire y al que deben acceder libremente las personas, no se puede cumplir con las solicitudes oficiadas por la Justicia al citado canal para la localización de personas desaparecidas o pedidos de sangre, ocasionando un perjuicio no sólo a los usuarios de dicho cable, sino a toda la comunidad, ya que se impide la difusión para la ubicación de personas en el territorio de la provincia".
La afectación directa de un servicio público hacia la comunidad había sido la base de la medida cautelar presentada por Protectora en un escrito firmado por José Luis Ramón, titular de la ONG. A su vez, Fiscalización tuvo en cuenta el objetivo de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que señala que quienes presten servicios de cualquier naturaleza "están obligados a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos".
Pero este no ha sido el único incidente que envuelve a Álvarez y a sus firmas, en particular las de comunicación. El empresario ha intentado ingresar al Gran Mendoza con una señal de televisión abierta sin haber sido autorizado por la AFSCA y con una potencia que no se condice con lo que la nueva Ley de Servicios Audiovisuales denomina de "baja potencia".
Además, Omar Álvarez fue denunciado por "ocupar" la señal de Canal 12. Con la anuencia del Gobierno provincial –que le permitió a Álvarez instalar una antena en el cerro Arco, para luego ordenar un censo de permisionarios y cerrar el espacio a otros pedidos–, el empresario invadió el Gran Mendoza y entró en conflicto, a su vez, con una droguería que reclama para sí la misma señal que ha usado para transmitir Álvarez.
OTRO CASO. El empresario Omar Álvarez también fue denunciado por el canal 13 comunitario GiraMundo TV. Fue el 21 de setiembre, cuando la señal hizo público un comunicado denunciando la ocupación de su señal por parte de Álvarez. También hizo una presentación ante la AFSCA.
ÁLVAREZ, UN TODO TERRENO. El pasado del sureño está plagado de historias confusas y truculentas. Fue socio del tándem Vila-Manzano al que le terminó vendiendo la eléctrica Edemsa y fue denunciado por Roberto Picco, el secretario general de Prensa de Mendoza, de haber sido un colaboracionista de la dictadura militar entre el 76 y el 83.
Álvarez entró a la política de manos de los demócratas y, al poco tiempo, se alistó en el justicialismo, partido a través del cual logró una senaduría provincial a fines de los 80. Y el hecho más oscuro tiene que ver con su paso por la ex Giol. El caso tuvo trascendencia nacional.
La revista Veintitrés publicó: "La Cámara de Senadores dictaminó que estafó a la Provincia en más de un millón de dólares, cuando fue director de Giol y le vendió a precio vil casi toda la producción de tomates de La Colina a una empresa de sus parientes (Precursor). Esta empresa también defraudó al Estado en unos 8 millones de dólares con la complicidad del Ente de Fondos Residuales".
Por: El Sol Online
